El Comité Judicial del Senado de Hawái aprobó por unanimidad un par de resoluciones dirigidas al Congreso de Estados Unidos para exigir la legalización federal del cannabis. Las medidas, respaldadas con una votación de 5 a 0 el pasado jueves, también solicitan a los legisladores en Washington que apoyen los esfuerzos estatales para limpiar los antecedentes penales de las personas y que faciliten el acceso a servicios bancarios para las empresas de la industria.
Las resoluciones SR58 y SCR64, patrocinadas por la senadora demócrata Joy San Buenaventura, exponen la difícil realidad de los negocios locales. Los documentos señalan que las empresas actuales “se ven obstaculizadas por su incapacidad para obtener el espectro completo de servicios bancarios privados bajo la ley federal,” y advierten que, a nivel social, “los arrestos y condenas por posesión de cannabis permanecen en el registro y a menudo afectan la capacidad de una persona para obtener vivienda y empleo.”
Por ello, la legislación hace un llamado al Congreso para que actúe en tres frentes:
– Retirar el cannabis de la Ley federal de Sustancias Controladas. – Brindar apoyo a los estados que están en proceso de limpiar los registros de los acusados por delitos relacionados con el cannabis. – Facilitar el acceso al espectro completo de servicios bancarios para las empresas relacionadas con el sector.
Las resoluciones también destacan el potencial financiero de este mercado. Según un estudio reciente encargado por el estado, la industria del cannabis recreativo legal podría generar más de mil millones de dólares en ventas en Hawái para su quinto año de operación.
De ser aprobadas definitivamente por la legislatura, estas resoluciones serán enviadas al presidente Donald Trump y al vicepresidente JD Vance, así como a los principales líderes demócratas y republicanos del Congreso y a la delegación de Hawái. Esta acción se suma a las iniciativas adoptadas a principios de esta semana por el Comité de Salud y Servicios Humanos del Senado, el cual aprobó resoluciones separadas pidiendo al fiscal general del estado y al departamento de salud que soliciten a la Administración de Control de Drogas (DEA) una exención para que Hawái pueda operar su programa de cannabis medicinal sin interferencia federal.
