El sentido de urgencia del Departamento de Justicia (DOJ) y la Administración de Control de Drogas (DEA) para acatar la directiva del presidente Donald Trump sobre la flexibilización de las restricciones federales al cannabis ha sido cuestionado desde el Congreso de Estados Unidos. El representante demócrata por Tennessee, Steve Cohen, envió una carta el viernes 27 de marzo a la Fiscal General, Pam Bondi, y al administrador de la DEA, Terry Cole, exigiendo claridad sobre los nulos avances en la reclasificación de la planta.
El reclamo de Cohen se produce exactamente 99 días después de que el presidente Trump firmara una orden ejecutiva el 18 de diciembre. En dicho documento, el mandatario ordenó a Bondi «tomar todas las medidas necesarias» para completar el proceso de reglamentación de la Lista III «de la manera más expedita». Sin embargo, la orden no incluyó una fecha límite.
El proceso, iniciado originalmente bajo la administración de Biden, se encuentra estancado desde enero de 2025. El freno ocurrió cuando el entonces juez de derecho administrativo (ALJ) de la DEA, John J. Mulrooney II, concedió una apelación interlocutoria en un proceso de audiencias. Tras la jubilación de Mulrooney en agosto de 2025, la DEA se quedó sin jueces de derecho administrativo para tratar el asunto, y Terry Cole no ha cubierto la vacante.
Ante este vacío legal, Cohen cuestionó directamente en su carta: «Por lo tanto, ¿cómo planea la Agencia de Control de Drogas [sic] reprogramar sin un ALJ para supervisar la Audiencia (Expediente No. 24-44)?». A esto, el legislador sumó la pregunta: «¿Cuál es el cronograma esperado para que se complete la reglamentación?».
La situación actual mantiene a la administración en una encrucijada. Si bien el gobierno de Trump podría eludir el proceso de audiencias —aprobado por la exadministradora de la DEA, Anne Milgram— para acelerar la regla final, la apelación interlocutoria sigue vigente. El abogado Shane Pennington, quien presentó el recurso, argumentó que la DEA mantuvo comunicaciones indebidas que favorecían a los participantes en contra de la reprogramación con el fin de «subvertir» el proceso.
Para contextualizar la urgencia de su petición, Cohen recordó que la exclusión de la marihuana de la Lista I ha sido recomendada desde 1972 por la Comisión Shafer.
«Sin embargo, la administración de Nixon no adoptó los hallazgos de la Comisión que él nombró», escribió el legislador, y añadió: «Han pasado más de 50 años desde ese informe. Es mi firme creencia que la marihuana nunca perteneció a la Lista I. Su inclusión resultó en sentencias de prisión duras y desproporcionadas, particularmente para las comunidades de color, y ha obstaculizado sustancialmente la investigación».
Finalmente, instó a las autoridades a actuar: «Tienen una oportunidad histórica para hacer un progreso significativo e implementar los deseos del pueblo estadounidense, del presidente y de los EE. UU. bajo la Ley de Sustancias Controladas. Se entiende ampliamente que la reprogramación está en alineación con los mejores datos científicos disponibles y fortalecerá significativamente la investigación científica y médica sobre la marihuana».
