Con el objetivo de reducir costos operativos y fomentar la competencia, un proyecto de ley que permitiría a más instituciones financieras prestar servicios a la industria del cannabis medicinal en Puerto Rico recibió un amplio respaldo durante una reciente audiencia pública. La iniciativa legislativa busca alinear las normativas locales con las de otras jurisdicciones estadounidenses, abriendo la puerta a nuevas alternativas bancarias para los operadores con licencia.
Se trata del proyecto de ley 1103 de la Cámara de Representantes, el cual enmendaría la legislación vigente para permitir que las instituciones aseguradas por la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC, por sus siglas en inglés) ofrezcan sus servicios al sector del cannabis.
Durante su comparecencia, el abogado José Aleczer Rivera-Jiménez, director ejecutivo de G9 Alliance Inc., expuso la problemática actual: hoy en día, solo la cooperativa de crédito TUCOOP presta servicios financieros a aproximadamente 401 millones de personas del sector, una concentración que inevitablemente genera mayores costos y frena la libre competencia. Rivera-Jiménez argumentó que el proyecto eliminaría restricciones locales innecesarias que no son exigidas por las normas federales.
Para fijar la postura de su sector, el directivo declaró en la audiencia: “G9 Alliance y Healthweed expresan su apoyo al propósito legislativo de la medida, reconociendo que el proyecto de ley constituye un intento necesario de corregir una distorsión regulatoria que ha colocado a Puerto Rico en desventaja en comparación con otras jurisdicciones”.
La propuesta también encontró eco positivo entre las autoridades. Mónica Rodríguez-Villa, comisionada de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), indicó que la medida fortalecerá la transparencia en el sistema, reducirá la concentración en un solo proveedor y elevará la competencia. Por su parte, Zoimé Álvarez, presidenta de la Asociación de Banqueros de Puerto Rico, apoyó el cambio asegurando que abriría el mercado, aunque aclaró que los bancos mantendrían la discreción de decidir a quién prestarle servicios y advirtió sobre los altos costos del cumplimiento de las normas federales contra el lavado de dinero.
A esta visión se sumaron los funcionarios de salud, quienes destacaron que la propuesta resuelve un problema de política pública ligado a la seguridad operativa y la transparencia del programa regulado.
Tras escuchar a los representantes de la industria y a los reguladores, los legisladores adelantaron que esperan incorporar las enmiendas sugeridas (como evitar penalizaciones a las instituciones financieras que cumplan la normativa) antes de emitir su dictamen. El presidente del comité, Jorge Navarro-Suárez, confirmó el futuro de la iniciativa al concluir: “Le daremos un informe positivo, porque creemos que debe ser aprobado, ya que esto ayudará a esta industria que está generando ingresos para Puerto Rico”.
