Ante la frecuente detención de mujeres en Honduras, tratando de introducir droga u otros artefactos a las cárceles, se ha detectado que ahora están utilizando a sus hijos menores para hacer llegar estupefacientes, dispositivos móviles y chips a los reos.
-Un caso ocurrido el fin de semana en El Pozo debe llamar la atención de la Dinaf para declarar en riesgo social a los menores utilizados por sus madres para traficar drogas.
Así lo manifestó la portavoz del Instituto Nacional Penitenciario (INP), Digna Aguilar, quien refirió que un caso que se presentó el fin de semana en la aduana tres, en la zona del Body Scan de la cárcel de máxima seguridad de Ilama, Santa Bárbara, conocida como El Pozo se requisó a Cindy Roxana Díaz Molina de 25 años, quien iba acompañada por su hijo.
Al menor se le realizó una inspección manual, descubriendo en el ruedo de su bóxer llevaba 10 memorias micro SD, seis chip de la compañía Claro, un chip satelital, dos pastillas Viagra y una nota informando sobre el cobro de extorsión.
Las autoridades informaron que la fémina requerida, es la pareja de Howen Ariel Romero Vallecillo, miembro activo de la Pandilla 18.
Este caso precisamente refleja que las mujeres ahora están utilizando a sus hijos menores para tratar de introducir droga y simcard y hasta pastillas de sildenafil que sirven para combatir la disfunción eréctil, así como llevar notas extorsivas.
“La novedad de este caso que ocurrió el fin de semana, ya vemos que no son las féminas no son ellas las que están tratando de introducir droga sino que ya también están tratando de utilizar a sus menores hijos”, arguyó.
En ese sentido, Aguilar consideró que la Dirección de la Niñez, Familia y Adolescencia (Dinaf), puede intervenir porque a ese menor se le puede declarar en riesgo social ya que su madre lo está utilizando para el tráfico de drogas.
Acotó que por su parte, el INP también aplica la sanción administrativa aplicando el reglamento para las visitas a los centros penitenciarios lo que conlleva la suspensión definitiva del carné de visitas.
Detalló que en este caso, según la Ley de Limitación de Servicios de Telefonía Móvil Celular y Comunicaciones Personales (PCS) en Centros Penales a toda aquella persona que intente introducir teléfonos celulares, dispositivos tecnológicos como memorias USB o Simcard, podrían ser sancionados con una pena de tres a cinco años de prisión y una multa que va de 50 mil a 100 mil lempiras.
En el caso de las mujeres que pretenden introducir droga a los centros penitenciarios ya la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, establece que la pena será de seis a nueve años de reclusión más una pena de entre 50 mil y 100 mil lempiras.
Con información de Proceso Digital