FBI Acusado De “Robar” Dinero De Los Negocios De Marihuana Legal

El conductor de un vehículo blindado que transportaba 712,000 dólares en efectivo de dispensarios de marihuana con licencia se dirigía a Barstow en una carretera del desierto de Mojave, en noviembre, cuando los agentes del Departamento del Sheriff del condado de San Bernardino, California, lo detuvieron. Lo interrogaron, confiscaron el dinero y lo entregaron al FBI.

Unas semanas más tarde, los agentes detuvieron al mismo conductor en Rancho Cucamonga, se llevaron 350,000 dólares adicionales pertenecientes a tiendas legales de marihuana y también le dieron ese dinero al FBI.

Ahora, el FBI está tratando de confiscar la recompensa de casi 1.1 millones de dólares, que podría compartir con el Departamento del Sheriff del condado de San Bernardino. El Departamento de Justicia estadunidense indica que el dinero está vinculado a delitos federales de drogas o lavado de dinero, pero no ha especificado ninguna conducta ilegal ni ha acusado a nadie de alguna violación a la ley.

El caso también ha reavivado las acusaciones de que las agencias federales encargadas de hacer cumplir la ley en el sur del estado han estado abusando de las leyes de decomiso al confiscar dinero efectivo y objetos de valor de personas, cuando el gobierno no tiene pruebas de que hayan cometido delitos.

El FBI y la oficina del fiscal federal en Los Ángeles se vieron obligados a devolver decenas de millones de dólares en efectivo y objetos de valor incautados por agentes federales, durante el mes de marzo pasado, de cientos de cajas de seguridad en Beverly Hills, después de que el gobierno no presentara evidencia para respaldar sus imputaciones de que el dinero y los bienes eran activos delictivos. Parte de ese dinero pertenecía a propietarios de negocios de marihuana con licencia estatal.

Ahora, el juez John W. Holcomb del Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Riverside está sopesando una solicitud de Empyreal Logistics, la empresa cuyos vehículos blindados se vaciaron en California y Kansas, sobre una orden de emergencia para obligar al FBI y al Departamento del Sheriff a dejar de detener sus vehículos y confiscar dinero en efectivo sin evidencia de actividad ilegal. La compañía también está tratando de recuperar el capital.

Empyreal sostiene que sigue las pautas del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre cómo manejar el efectivo de las empresas de marihuana con licencia estatal sin infringir la ley federal y verifica que los dispensarios cuyo dinero lleva estén al día con los reguladores estatales.

“Éste es uno de los casos de decomiso más atroces que jamás hayamos visto”, enfatizó Dan Alban, abogado principal del Instituto de Justicia, un grupo libertario que lucha contra los excesos de decomiso en todo el país y representa a Empyreal en su demanda.

La demanda de Empyreal describe las paradas de tráfico de sus camiones como “robos en la carretera” por parte de agentes del gobierno que buscan aumentar sus presupuestos con dinero confiscado.

Acusa al Departamento del Sheriff del condado de San Bernardino de violar una ley de California que protege a las instituciones financieras que atienden dispensarios de marihuana. También alega que el FBI y la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés) violaron una ley federal que prohíbe gastar dinero del gobierno para interferir con los negocios de cannabis medicinal en los estados donde son legales. Empyreal argumenta que siete de los ocho comercios autorizados por el estado, cuyo efectivo se tomó en el condado de San Bernardino, tenían licencia para vender el psicotrópico con fines medicinales.

El Departamento del Sheriff, así como las autoridades federales, niegan haber actuado mal y argumentan que Empyreal está buscando una orden judicial que impida indebidamente las investigaciones criminales activas de sospechas de lavado de dinero y venta ilegal de drogas.

En respuesta a la demanda por los vehículos blindados,  el sheriff del condado de San Bernardino, Shannon Dicus, emitió una declaración en la que afirma que más del 80% de la marihuana que se vende en los dispensarios autorizados se cultiva ilegalmente, pero no proporcionó pruebas de que ninguno de los ocho negocios, cuyos agentes incautaron el efectivo de las camionetas de Empyreal, fueran de venta de cannabis del mercado negro.

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