Las empresas de cannabis en Los Ángeles que mantienen deudas por impuestos atrasados podrían evitar el pago de recargos por mora e intereses gracias a un programa de «amnistía» propuesto por el Concejo Municipal. En una votación unánime celebrada en días recientes, el órgano solicitó a la Oficina de Finanzas redactar el documento para crear este esquema, el cual exigiría a los negocios calificados liquidar sus impuestos municipales en un plazo máximo de tres años.
Esta medida surge en un momento crítico, ya que las autoridades de la ciudad buscan fondos para cubrir servicios básicos tras haber cerrado una brecha presupuestaria de mil millones de dólares. Según un informe de octubre de la Oficina de Finanzas, más de 500 de las aproximadamente 700 empresas de cannabis con licencia en la ciudad debían en conjunto cerca de 400 millones de dólares en impuestos, cifra que incluía 100 millones en multas y 35 millones en intereses.
Matthew Crawford, subdirector de la oficina, actualizó el dato señalando que el monto total adeudado aumentó a 417 millones de dólares hasta diciembre. No obstante, solo unos 150 millones son cobrables, debido a que algunas deudas fiscales prescriben fuera del plazo legal de tres años y ciertos negocios del sector ya no están operando.
Basándose en la proyección de que cerca de la mitad de las empresas elegibles participarían, el informe de octubre estimó que la ciudad recaudaría alrededor de 30 millones de dólares en impuestos atrasados, perdonando a cambio unos 25 millones en multas.
La recaudación obtenida bajo el programa de amnistía tendrá un destino específico. Aproximadamente el 20% de los ingresos se dirigirá al fondo general de la ciudad y a la Oficina de Finanzas. Otro 40% se destinará al Departamento de Policía de Los Ángeles y a la oficina del fiscal de la ciudad para el combate al cannabis ilegal. El 40% restante financiará subvenciones de equidad social para operadores de cannabis, especialmente miembros de comunidades minoritarias y de bajos ingresos que han estado sujetos a una aplicación dispar de las leyes penales sobre la planta.
Durante la reunión del martes, la concejal Imelda Padilla destacó la pertinencia del plan: «La ciudad se encuentra con una oportunidad única para lograr que las empresas cumplan y, al mismo tiempo, financiar adecuadamente la programación centrada en la industria del cannabis».
Para complementar estas acciones recaudatorias y regulatorias, el mes pasado el concejo incluyó una medida relacionada con el cannabis en la boleta electoral del 2 de junio. En caso de ser aprobada por los votantes, esta iniciativa cerrará un vacío fiscal para las empresas de cannabis ilegales y las expondrá a la amenaza de cobros civiles.
