La Fiscalía General de Nuevo México inició una investigación penal para determinar si agentes de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) incurrieron en irregularidades al permitir que cientos de miles de pastillas de fentanilo llegaran a las calles de Albuquerque como parte de investigaciones contra organizaciones de narcotráfico.
La indagatoria fue anunciada por el fiscal general Raúl Torrez, luego de que una investigación periodística de AP revelara que entre 2023 y 2025 agentes de la DEA monitorearon múltiples cargamentos del opioide sintético sin incautarlos, con el objetivo de fortalecer procesos judiciales contra redes criminales de mayor alcance.
De acuerdo con testimonios de agentes y exagentes de la DEA, la estrategia consistía en vigilar las entregas para identificar a los principales operadores del tráfico de drogas, aunque ello implicara que miles de pastillas permanecieran en circulación.
Uno de los principales denunciantes es el agente especial David Howell, quien aseguró que la táctica representó un grave riesgo para la población al permitir que una droga extremadamente letal permaneciera en las calles.
Según la investigación, la DEA documentó cargamentos de decenas de miles de pastillas e incluso operaciones que, presuntamente, involucraron millones de dosis antes de ejecutar aseguramientos masivos. Howell sostiene que esta práctica pudo contribuir indirectamente a nuevas muertes por sobredosis.
El fiscal Raúl Torrez afirmó que los agentes federales cuentan con amplias protecciones legales, pero advirtió que «no están por encima de la ley», por lo que solicitará documentos e información para determinar si existió un patrón de conducta negligente o ilegal.
La investigación también busca establecer si las acciones de la DEA violaron normas internas del Departamento de Justicia de Estados Unidos, las cuales priorizan la incautación del fentanilo siempre que sea posible para proteger a la población.
DEA defiende estrategia
Tras las revelaciones, la DEA rechazó las acusaciones y sostuvo que las decisiones tomadas durante las investigaciones fueron legales y consistentes con los protocolos del Departamento de Justicia.
Posteriormente, el propio Departamento de Justicia informó que solicitó una revisión independiente de los procedimientos utilizados y aseguró que, si se detectan áreas de mejora, la agencia implementará los cambios necesarios.
Las autoridades federales argumentan que permitir algunas entregas controladas puede facilitar el desmantelamiento de organizaciones criminales completas, aunque la práctica ha generado fuertes cuestionamientos debido al alto nivel de letalidad del fentanilo.
Nuevo México continúa siendo uno de los estados más afectados por las sobredosis relacionadas con este opioide sintético, mientras las autoridades estatales buscan esclarecer si las decisiones operativas de la DEA incrementaron el riesgo para la población.
