¿Cómo es que un Congreso que tiene decenas de iniciativas disponibles para nutrir el dictamen, que ha organizado incontables foros y ha recibido insumos valiosísimos de sociedad civil, no logra cumplir con su trabajo en tiempo y forma?
Las últimas semanas han sido críticas para la regulación del cannabis en nuestro país. Hasta hace unos días, sabíamos que el Congreso de la Unión tenía como el 30 de octubre como fecha límite para regular el mercado de cannabis y así cumplir con el mandato que le dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación después de la creación de jurisprudencia en la materia.1 Sin embargo, esto no sucedió y, a solicitud de extensión del Congreso, la Corte alargó el periodo de gracia hasta el término del siguiente periodo de sesiones, es decir, el 30 de abril.
¿Qué pasó durante este tiempo? ¿Cómo es que un Congreso que tiene decenas de iniciativas disponibles para nutrir el dictamen, que ha organizado incontables foros y ha recibido insumos valiosísimos de sociedad civil, no logra cumplir con su trabajo en tiempo y forma? A lo largo de este artículo intentaremos hacer un recuento de los daños y explicar cómo llegamos al punto en que, en un ejercicio inédito, el Senado se declara incompetente para cumplir con sus obligaciones.
Proceso legislativo: mucho ruido y pocas nueces
Durante las últimas legislaturas se han presentado decenas de iniciativas por parte de prácticamente todos los partidos políticos. De éstas, se eligieron arbitrariamente 10 para la elaboración de un dictamen a cargo de las Comisiones Unidas de Justicia, Salud y Estudios Legislativos Segunda, con opinión de la Comisión de Seguridad Pública, todas del Senado de la República.2 En paralelo al proceso de dictaminación, se llevaron a cabo un ya incontable número de foros3, conversatorios, exposiciones, parlamentos abiertos, cafés cannábicos, entre otros. Si bien hubo participación por parte de sociedad civil, expertos médicos y pacientes, estos ejercicios dieron prioritariamente voz a participantes de la gran industria de Canadá y Estados Unidos, quienes en diversas ocasiones hablaron de sus modelos de negocios.4
Regulando para la gran industria extranjera
¿El resultado de dicho proceso? Un proyecto de predictamen que sólo beneficia a la gran industria, sobrerregula evitando el acceso al mercado por parte de pequeños actores y mantiene un enfoque punitivo. El 24 de octubre, la Comisión de Justicia dio a conocer el “Anteproyecto de Dictamen de la Ley de Regulación del Cannabis”5. Después de meses de trabajo, el Senado nos entregó un documento con pobre técnica legislativa, haciendo uso de sobrerregulación, definiciones erróneas, que excluye a grupos vulnerables, favorece únicamente a las grandes empresas y reproduce prejuicios e inercias.
Respecto al primer aspecto, por ejemplo, se faculta al “Instituto del Cannabis para la Pacificación y Reconciliación del Pueblo” para que establezca las bases para una “justa recaudación”, cuando en nuestro país esto se realiza a partir de modificaciones a las leyes correspondientes y desde la Cámara de Diputados. Respecto a lo segundo, el proyecto establece 25 definiciones distintas sobre palabras tan básicas como “almacenar”, “fumar”, “transformar o “aprovechar”, lo cual se traduce en sobrerregulación, es decir, genera confusión y produce huecos legales.
De todos los errores encontrados, el que más nos preocupa es la creación de barreras de entrada a pequeños productores y campesinos, ya que al establecer pruebas para testado y trazabilidad de semillas, plantas y productos de cannabis, se deja de lado a estos grupos vulnerables por requerirse de mecanismos cuyo costo no podrá ser cubierto por pequeños actores que deseen participar en esta actividad. Finalmente, resulta un sinsentido volver a recurrir al derecho penal a través, por ejemplo, de la participación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en la Junta del Gobierno o de la criminalización a mujeres que consumen. Si a lo anterior le sumamos que este proyecto deja intacto el artículo 198 de Código Penal Federal (criminalización de la siembra, cultivo y cosecha de plantas de cannabis), nos encontramos con un sistema que castigará con cárcel a quienes no puedan pagar los costos de los trámites administrativos necesarios para entrar en un mercado regulado, es decir, a las poblaciones vulnerables. 6
Increíblemente, después de tanta retroalimentación por parte de expertos en la materia, compilación de experiencias internacionales e incluso una guía por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quien, a través de la jurisprudencia, dio pistas al Congreso de la Unión sobre lo que debe contener una regulación a la medida para nuestro país, las comisiones dictaminadoras no lograron cumplir con el reto.
“Vamos a darnos un tiempo”
Afortunadamente, los llamados de alerta por parte de grupos de la sociedad civil y académicos, en los que se denunció los peligros de dicha legislación,7 lograron frenar el avance de dicho proyecto. Después del mal logrado dictamen de la Comisión presidida por el senador Menchaca, Ricardo Monreal, el coordinador parlamentario de Morena reconoció que hubo presiones y que enfriarían la discusión para que no sean esos intereses los que conduzcan la regulación, sin importar que el plazo dado por la SCJN vencía el 31 de octubre.
Por ello, en un ejercicio inédito, la Comisión de Justicia del Senado de la República se vio en la penosa necesidad de solicitar una prórroga a la Corte que les “permita agotar el procedimiento legislativo correspondiente”. En sesión de pleno, también mediante una decisión histórica, la SCJN determinó, que de manera excepcional y por única ocasión,8 atendiendo a la complejidad de la materia, se otorgaría una prórroga que vence el 30 de abril de 2020.
Así, el Senado consiguió un periodo de sesiones más para que el Congreso de la Unión en su conjunto cumpla con sus obligaciones en la materia. Cabe recordar que durante ese tiempo también debe darse la discusión en Cámara de Diputados, donde tendría que incluirse lo correspondiente a la carga impositiva. En tanto, la contradicción entre la prohibición que aún prevalece en la ley y la declaratoria de inconstitucionalidad de la Corte, nos mantiene en incertidumbre total, sin reglas claras, con obstáculos en el ejercicio efectivo de los derechos y con una política de criminalización que sigue más vigente que nunca.9
Urge regular ya y urge regular bien, con una legislación completa, balanceada, cuidadosa, inclusiva y evaluable, que ponga en el centro la salud pública, los derechos humanos y la justicia social para con los grupos más afectados por la prohibición. La discusión “se enfriará” únicamente si así lo permitimos. Por ello, desde México Unido Contra la Delincuencia te invitamos a presionar a las autoridades a través de la exigencia de tus derechos. La campaña #CannabisConPermiso te explica, paso a paso, como obtener tu amparo para uso personal adulto de manera gratuita, ¡súmate!
2 Estas iniciativas proponen modelos de regulación distintos, algunas se enfocaron únicamente en modificaciones a la Ley General de Salud (como la presentada por los Diputados Jesús Zambrano y Guadalupe Hernández), otras además incluían modificaciones al Código Penal Federal (presentada por la Senadora Angélica de la Peña) y algunas más, presentaban soluciones de fondo a través de la creación de un sistema que permitiera tener acceso al cannabis a través de una ley especialmente diseñada. Para revisar a detalle cada una de las iniciativas que integran el dictamen recomendamos consultar “Cuenta regresiva: el dictamen de cannabis” disponible aquí.
