Una semilla de cannabis es tan peligrosa como una de maíz. Y aunque su potencial productivo en México es similar, el maíz es considerado cultivo básico mientras el cannabis es ilícito y su ilegalidad se extiende a sus derivados… incluidos los que no contienen “droga”.
El pasado 5 de marzo, las comisiones unidas de Justicia, Salud y Estudios Legislativos, Segunda del Senado, aprobaron en lo general un dictamen que plantea las reglas de acceso al cannabis medicinal y lúdico. Legalizar los usos exigía regular el origen de las sustancias, así que se apostó por regular la cadena de producción completa de cannabis, incluida la producción de cáñamo y otros derivados.
¿Qué reglas se perfilan en el documento? Unas poco favorables al desarrollo de la industria nacional del cannabis, sobre todo para los campesinos desplazados por la guerra contra el narcotráfico, afirman abogados y académicos que trabajan sobre el tema. La propuesta de regulación tampoco fomenta la producción de cáñamo mexicano.
“De facto, lo que se está haciendo es prohibir todo, pero de otra manera”, critica Víctor Gutiérrez, coordinador de proyectos de la Dirección de Política de Drogas de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), una de las organizaciones que más ha impulsado la despenalización del cannabis.
Los principales problemas del dictamen, coinciden este abogado y el investigador Raúl Bejarano, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) Región Centro, son la sobrerregulación y los obstáculos que pone para que pequeños productores accedan al mercado regulado.
El Senado tiene pendiente discutir la propuesta en lo particular, subirla al pleno, enviarla a la Cámara de Diputados y que ésta ordene la promulgación. El plazo vencia el 30 de abril. En medio de la contingencia sanitaria por el COVID-19, dicha regulación se tuvo que aplazar nuevamente hasta la siguiente sesión legislativa que es del del primero de septiembre hasta el 15 de diciembre.
Sobrerregulación de la marihuana y el cáñamo
Bajo esta propuesta, el principal obstáculo para el desarrollo de la industria nacional del cannabis es la ley misma.
Al normar bajo los mismos principios su uso industrial que el medicinal, terapéutico y paliativo, la propuesta del Senado genera un tratamiento diferenciado para el cannabis frente a otros cultivos y para los productos con Tetrahidrocannabinol (THC) y Cannabidiol (CBD) frente a otros medicamentos con sustancias psicoactivas y psicotrópicas.
“Pensando en el potencial económico para el desarrollo de distintas regiones del país, es muy importante que se saquen de la reforma los usos industriales”, subraya Raúl Bejarano, investigador del Programa de Política de Drogas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) Región Centro.
“Se debería regular el cáñamo industrial, que no tiene THC, como cualquier otro producto agroindustrial […] Si se genera una regulación particular para el cáñamo industrial, se va a generar un mercado segmentado que va a tender a favorecer a alguien, a generar privilegios para quien pueda conseguir licencias para producir cáñamo industrial”, advierte.
Sin esta regulación vigente y tras la revocación de los “Lineamientos en materia de control sanitario de la cannabis y sus derivados” que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) había emitido en octubre de 2018, de hecho, el cáñamo puede importarse en crudo, fibras o aceite sin requisitos especiales frente a otras mercancías traídas del extranjero.
Incluso una veintena de empresas mexicanas ya lo importaban de Alemania o Países Bajos para fabricar materiales de construcción, alimentos o cosméticos, según un reportaje publicado por Expansión en enero pasado.
La ley propuesta por el Senado menciona la palabra “cáñamo” una sola vez: en la definición del cannabis no psicoactivo, como considera a las partes de la planta y sus derivados que tienen menos de 1% de THC. Aunque reconoce que no contiene sustancia psicoactiva, para su producción prevé exigir las mismas licencias de cultivo, transformación, comercialización, exportación o importación e investigación.
“Para que pueda funcionar la industria del cáñamo, necesitan modificarse otras leyes. Por ejemplo, la Ley de Aduanas; necesitas modificar muchos apartados de la Secretaría de Economía”, considera el abogado de MUCD.
Barreras de acceso al mercado regulado
Sea para su transformación industrial o en droga, para que haya consumo debe haber producción y para que haya producción se requiere cultivo. Y aunque organizaciones no gubernamentales, academia y algunos senadores han pugnado por incluir en la ley mecanismos para resarcir a los campesinos los daños que les causó la guerra contra el narcotráfico, la norma obstaculiza su acceso al mercado regulado.
Para México Unido Contra la Delincuencia, una de las organizaciones que más ha impulsado la despenalización, el primer foco rojo es la priorización del uso de semillas importadas. En 2019, la organización tramitó licencias para importar pocas semillas. El procedimiento ante la Cofepris terminó en febrero de 2020 y costó 170 mil pesos.
“Es necesario un aviso de funcionamiento, un responsable sanitario, un libro de control de estupefacientes, viajar al país donde esté el banco de semillas, ir a la embajada del país que las va a exportar, llevar el documento, regresar acá, viajar con las semillas, que la Guardia Nacional te esté esperando en un aeropuerto para certificar que son las semillas que dijiste que ibas a meter…”, narra el abogado de MUCD.
“¿Quiénes van a poder importar semillas? Las grandes empresas, las personas que ya tengan un responsable sanitario, un control de estupefacientes, un laboratorio certificado, etcétera”, advierte.
Únicamente los ejidos y las comunidades afectadas por la prohibición podrán ser titulares de más de un tipo de licencia. Pero para acceder a cualquiera de ellas, se debe estar inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes y tener opinión positiva del Servicio de Administración Tributaria (SAT), otra disposición que obstaculiza el ingreso de los campesinos al mercado regulado.
A esos requisitos se suman los que se busca imponer a los empaques y multas que rondan los 3.5 millones de pesos, pero cuyos motivos no están claros en la ley.
Pero para Bejarano, el principal obstáculo para los pequeños productores serán los mecanismos de testado (pruebas de inocuidad) y trazabilidad (proceso para identificar el origen del cannabis en todas las etapas de producción, desde su materia prima hasta su disposición final).
Ambos son requisitos que implican una inversión alta, que los ejidos, comunidades y mipymes difícilmente podrán costear.
“El mecanismo de trazabilidad se originó en Estados Unidos porque lo que se buscaba era que un estado donde la marihuana fuera legal no fuera a contaminar el mercado de otro estado en el que la marihuana fuera ilegal […] Pero en México, como hay una sola división nacional en términos de la regulación del cannabis, no es necesario poner esto”, explica el investigador.
¿De qué nos perdemos?
De un mercado global cuyo valor se estimaba en 15.7 billones de dólares en 2018 y al que se auguraba un crecimiento anual de 13.5%, según una publicación de Grand View Research.
México es el segundo productor de cannabis del mundo, incluso bajo la prohibición. Entre 2016 y 2017, el país cultivó más de 9,600 hectáreas de cannabis y produjo más de 11,500 toneladas de marihuana. El cálculo se basa en las erradicaciones de plantíos ilegales reportadas en documentos como el Informe Mundial sobre Drogas de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
En contraste, la Secretaría de Agricultura federal registra el cultivo, cosecha y valor de producción de casi 300 cultivos. Entre ellos, el maíz grano, cuyas 27.1 millones de toneladas cosechadas en 2018 alcanzaron un valor de 104,861.7 millones pesos. Las cifras coinciden con las que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés) reporta en 2016, año más reciente disponible: una producción mundial de maíz con valor de 191.8 billones de dólares, de los que México aportó 5.3 billones (casi 3%).
Los mapas del Estudio de Potencial Productivo publicado por el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) en 2012 identificaron que Jalisco, Michoacán, Guerrero y Nuevo Léon tenían la mayor cantidad de hectáreas con alto potencial de cultivo de maíz. Por esa época, Jalisco, Michoacán y Guerrero estaban entre las entidades donde más se habían erradicado plantíos ilícitos para producción de marihuana.
Un agrónomo investigador consultado para este artículo lo confirma: “donde se dé el maíz es muy probable que se dé el cannabis”.
Con información de Líder Empresarial