Un comité del Consejo de la Ciudad de Los Ángeles aprobó una serie de cambios para restaurar el complicado mercado legal de la marihuana en la ciudad, incluyendo el refuerzo de los programas destinados a ayudar a los operadores que sufrieron durante la larga guerra contra las drogas de la nación.
Los Ángeles fue visto una vez como un potencial escaparate para la industria, pero eso nunca ha encajado con la realidad en la calle: las tiendas ilegales siguen floreciendo, mientras que las empresas con licencia se quejan de que casi todo cuesta demasiado y toma demasiado tiempo cuando se trata del Ayuntamiento.
Mientras tanto, uno de los pilares esperados del sistema legal de la ciudad -programas para ayudar a los que trabajan en el negocio que fueron arrestados o encarcelados durante la guerra contra las drogas, incluyendo a muchas personas de color- ha tardado en tomar forma.
Las revisiones propuestas fueron recibidas con una mezcla de aplausos y confusión.
Abarcaron desde medidas menores, como la modificación de una definición para que coincidiera con el lenguaje de la legislación estatal, hasta otras potencialmente importantes, como la limitación de las licencias de entrega hasta el año 2025 sólo a las empresas que cumplan los llamados puntos de referencia de la equidad social. Esos programas tienen por objeto ayudar a los operadores que fueron arrestados o condenados por un delito relacionado con la marihuana y a los residentes de menores ingresos que viven, o han vivido, en vecindarios marcados por altos índices de arrestos por marihuana.
El principal regulador de cannabis de la ciudad, Cat Packer, llamó a los cambios urgentes. Señaló que la industria y la ciudad han sido golpeadas por la crisis del coronavirus, una recesión económica y los disturbios por injusticia racial. Mientras tanto, la marihuana sigue siendo ilegal a nivel federal y los grandes bancos suelen negarse a hacer negocios con las compañías de marihuana debido al conflicto legal entre las leyes estatales y federales.
La intersección «entre la política de la marihuana y la injusticia racial es clara para mí», dijo Packer. «Las comunidades negras y morenas… han sido impactadas desproporcionadamente, desmedidamente vigiladas, y nos comprometimos a reconocer activamente esos daños y abordar los daños de la guerra contra las drogas».
Adam Spiker, director ejecutivo del grupo industrial Coalición del Sur de California, llamó a las propuestas una «bolsa mixta». Aunque bien intencionado, dijo que poner un límite inflexible a quienes podrían calificar para una licencia de entrega está «abierto a muchos problemas», ya que podría dejar fuera a operadores de larga data profundamente enredados en la industria.
«Creo que eso crea más problemas que soluciones», dijo.
Otros cambios propuestos y aprobados por el Comité de Normas permitirían a las empresas trasladarse mientras reciben la licencia, aclarar qué empleados están obligados a comprobar sus antecedentes y agilizar el proceso de solicitud.
Antes de la votación, el comité escuchó a una larga fila de funcionarios de la industria y otros oradores que alternativamente elogiaron las propuestas o describieron el sistema de licencias de la ciudad como disfuncional.
