Resultados de investigaciones realizadas en Estados Unidos y Uruguay, donde ya ha sido aprobado el uso legal de la marihuana, arrojan que consumidores y sociedad en general requieren mayor información para evitar los estigmas y estereotipos a los que son sometidos por su preferencia a esta sustancia, situación que deriva en continuas violaciones a sus derechos humanos.
Al mismo tiempo, se ha comprobado que la regulación del uso del cannabis no incide en un mayor consumo, sobre todo en adolescentes; si bien en la población de adultos mayores aumentó su uso en el vecino país del norte, ello obedece principalmente a fines terapéuticos.
La activista por los derechos humanos y directora de la organización «México Unido Contra la Delincuencia» Lisa María Sánchez Ortega, destacó que el nivel de seguridad se ha mantenido sin alteraciones en los países del continente americano donde se ha permitido el uso legal de esta droga y si bien no se puede hablar de una criminalidad cero, no hay un vínculo directo entre los delitos de orden común con el consumo de esa sustancia.
Recalcó la urgente necesidad de atender a este tema con una perspectiva de protección a los derechos humanos de los consumidores de cannabis, toda vez que el próximo 30 de abril vence la prórroga que la Suprema Corte otorgó al Congreso de la Unión para la construcción de una política pública en materia. Confió en que se habrán de construir estrategias y planteamientos bien cimentados para lograr el objetivo y no caer en los riesgos que conlleva una mala regulación.
De acuerdo a datos de la Organización Mundial de la Salud, el potencial adictivo de la marihuana es de 9%, si bien no se demerita la atención necesaria para quienes enfrentan problemas derivados del uso desmedido del narcótico.
México, señala finalmente, es de los países con menor índice de consumidores de cannabis; se estima en 1.6% de la población entre los 12 y 65 años, siendo el principal rango de edad de los 18 a los 29 años y en segundo lugar, de los 30 a los 45 años.
