El cultivo ilegal de marihuana en Paraguay es el pan de cada día para muchísimos campesinos, que viven en la pobreza y se ven obligados a cultivar esta hierba para los narcotraficantes, arriesgando su vida y su libertad. La policía lleva una lucha constante contra este negocio, y aunque la pérdida de algunas plantaciones no supone un gran problema para los narcotraficantes, sí acaba con la única fuente de ingresos de los campesinos. ¿Podría la legalización de esta planta dar fin a tantos males?
En la ciudad paraguaya de Pedro Juan Caballero, cerca de la frontera con Brasil, el medio de subsistencia de muchos campesinos es la plantación de marihuana.
En esta localidad la lucha contra la droga se convierte en una batalla perpetua donde el narcotráfico es amo y señor de la vida cotidiana de muchos ciudadanos. El corresponsal de RT, Ricardo Romero, se adentra en esta zona del país, el mayor productor de marihuana de la región.
Pero, ¿qué saben los lugareños de este asunto? «Es un secreto a voces, todo el mundo maneja, se sabe todo», dice un vecino de Asunción, la capital de Paraguay. «Acá se planta la marihuana porque es primera calidad y entonces se cambió el rubro del algodón y otros para los campesinos. Ahora están entusiasmados con la marihuana», dice otro.
Solo se decomisa la mitad de la producción
En el noreste de Paraguay están las plantaciones. En esta zona conocida como las terrazas del país, donde se estima que hay entre 6.000 y 7.000 hectáreas destinadas a esta hierba, solo la mitad suele ser decomisada en los operativos de las fuerzas de seguridad.
En esta región la lluvia es abundante, lo que favorece el crecimiento del cannabis y complica el acceso a los terrenos. Se calcula que el 60 % de los cultivos se encuentran en reservas agroganaderas, donde los productores deforestan parte del lugar para que la marihuana quede escondida en medio de los bosques originales.
Cuando los guardias encuentran la plantación, podan el predio de forma artesanal. «Lo ideal es el corte, la destrucción y el quemado«, dice el comisario de la División Antinarcóticos, Rutilio Ramírez, mientras supervisa a los agentes que realizan la poda a mano, con machetes.
Se estima que en 10.000 metros cuadrados puede haber entre 20.000-25.000 plantas y que cada hectárea rinde alrededor de 3.000 kilos de marihuana procesada. Sin embargo, las condiciones de trabajo de los agricultores son muy malas, «infrahumanas», según el comisario.
La Secretaría Nacional de Drogas estima que el año pasado erradicaron 4.600 toneladas de esta droga, lo que supuso un golpe económico de más de 137 millones de dólares. Desde la Secretaría admiten que hay sectores vulnerables detrás de esta actividad agropecuaria. «Si hoy erradicamos definitivamente la marihuana en el país, eso nos puede generar un problema social muy grave», dice Arnaldo Giuzzio, ministro de la Secretaría Nacional de Drogas. «Administramos de alguna forma esa realidad, pero no puedo ir dando como solución únicamente la cárcel, porque hay muchos ciudadanos de condición muy humilde que al no tener otra opción se dedican a la fuerza por su necesidad a cultivar marihuana», añade.
Así, más de 20.000 campesinos explotan pequeñas parcelas en la región, sin seguro social ni condiciones dignas, ni seguridad, entre otras cosas porque tienen que negociar con narcotraficantes.