Las congresistas Cori Bush (demócrata de Missouri) y Bonnie Watson Coleman (demócrata de Nueva Jersey) han presentado un proyecto de ley en favor de lo que llaman un «enfoque centrado en la salud», el cual busca despenalizar no sólo el cannabis, sino la posesión de todo tipo de drogas.
La Ley de Reforma de la Política de Drogas (DRPA, por sus siglas en inglés) pondría fin a las sanciones penales por posesión de drogas para «uso personal» a nivel federal, eliminaría los antecedentes penales y trasladaría la autoridad reguladora del fiscal general al secretario del Departamento Salud y Servicios Humanos, «para enfatizar que el consumo de sustancias es un problema de salud y no un problema penal».
Según la ley, las personas podrían seguir enfrentándose a multas por posesión de drogas, pero un tribunal podría renunciar a la multa si la persona no puede pagar. La ley exigiría al Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) la creación de una comisión sobre el abuso de sustancias, la salud y la seguridad para determinar la cantidad «de referencia» para la posesión de drogas de uso personal.
También limitaría la posibilidad de que los gobiernos estatales y locales recibieran fondos de los programas de subvenciones Byrne y Servicios Policiales Orientados a la Comunidad (COPS) -que ayudan a financiar los departamentos de policía estatales y locales- si no adoptan políticas de despenalización.
«Creciendo en San Luis, vi cómo la epidemia de crack-cocaína robaba muchas vidas a mi comunidad», dijo Bush en un comunicado. «Es hora de poner el bienestar y la compasión por delante del trauma y el castigo».
Bajo la DPRA, una acusación de posesión de drogas no sería motivo para negar a alguien un empleo o para despedir a un empleado. También impediría que los cargos y condenas por drogas se utilizaran como motivo para denegar a alguien las prestaciones de asistencia federal, como el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), la Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF) y la ayuda para la vivienda. La ley restablecerá el derecho de voto de quienes hayan sido condenados por posesión de drogas.
La parte del proyecto de ley relativa al tratamiento requiere que el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) establezca programas de subvención para apoyar la expansión de los servicios de tratamiento y facilitar el acceso de las personas a los mismos, incluyendo el tratamiento asistido por medicación, el apoyo de los compañeros y los servicios de recuperación, así como los programas de respuesta de emergencia e intervención en crisis que no impliquen a la policía.
El proyecto de ley se presenta pocos días antes del aniversario de la guerra contra las drogas que el presidente Richard Nixon lanzó en la década de 1970.
«Estados Unidos no sólo ha fracasado en la forma de llevar a cabo la Guerra contra las Drogas, sino que la Guerra contra las Drogas es una mancha en nuestra conciencia nacional desde sus inicios», dijo Coleman. «Mientras trabajamos para resolver este problema, es esencial que cambiemos de táctica en la forma de abordar el consumo de drogas, alejándonos del fallido enfoque punitivo y acercándonos a un enfoque basado en la salud y en la evidencia».
Hasta ahora, la mayor parte del debate sobre la despenalización de las drogas se ha centrado en la marihuana, cuyo uso recreativo o médico es legal en decenas de estados. Pero las personas condenadas por delitos anteriores relacionados con la marihuana siguen acumulándose en las cárceles de todo el país, y medio millón de personas son detenidas por posesión de marihuana cada año en Estados Unidos.
El senador Chuck Schumer (demócrata de Nueva York) ha dicho que él y los senadores Ron Wyden ( demócrata de Oregón) y Cory Booker ( demócrata de Nueva Jersey) están trabajando en la legislación de la reforma del cannabis, diciendo en una declaración conjunta de febrero que los legisladores «deben promulgar medidas que levanten a las personas que fueron injustamente atacadas en la Guerra contra las Drogas».
Y a finales del mes pasado, los demócratas volvieron a presentar la Ley de Reinversión y Cancelación de las Oportunidades de la Marihuana (MORE, por sus siglas en inglés), que eliminaría las sanciones penales y borraría los cargos anteriores por posesión de cannabis, además de crear programas de equidad social. La Ley MORE se presentó en el último Congreso, pero terminó en el Senado, que entonces estaba controlado por los republicanos.
Sin embargo, aunque los demócratas incluyeron la despenalización de la marihuana en su plataforma para 2020, el presidente Joe Biden fue en su día una de las principales voces de la Guerra contra las Drogas. Posteriormente ha cambiado su postura sobre el tema, y dijo que «volvería a clasificar el cannabis como una droga de la Lista II para que los investigadores puedan estudiar sus impactos positivos y negativos.»
La reforma de la legislación federal sobre la marihuana ha sido una ardua tarea, incluso cuando el público apoya ampliamente su legalización. Queda por ver cómo le puede ir a una legislación aún más amplia como la DRPA en un Congreso dividido (el proyecto de ley aún no tiene un patrocinador en el Senado).
Pero Matt Sutton, de la Drug Policy Alliance, que trabajó con Bush y Coleman en el proyecto de ley, dijo que el DRPA marcaba un primer paso hacia la despenalización federal y no interferiría con la legislación específica sobre el cannabis que Schumer tiene prevista. «Estaremos construyendo el apoyo para la despenalización de todas las drogas, lo que pondrá fin a los daños de mayor alcance de la guerra contra las drogas», dijo. «Específicamente para las personas que consumen otras drogas o tienen otras condenas por drogas, y conducir a un enfoque alternativo centrado en la salud de las drogas en este país».
