En Palomares, una población de Almería, Espala, conocida por la caída de cuatro bombas termonucleares de un B-52 en enero de 1966, han decidido recurrir al cannabis para tratar de descontaminar los terrenos afectados por aquel accidente nuclear. La asociación Flecha Verde ha presentado un proyecto, que cuenta con la colaboración de departamentos de investigación de varias universidades, para plantar cáñamo en una de las parcelas valladas tras el siniestro, siguiendo la experiencia realizada en Chernóbil y en la región italiana de Apulia, donde las raíces del cannabis han absorbido los metales pesados procedentes, en un caso, de la central accidentada en Ucrania, y de una fábrica de aluminio, en el otro.
Ya han pasado 54 años de aquel desastre en lo que era un pueblecito del municipio de Cuevas del Almanzora, en el levante de la costa almeriense, donde dos aviones de las fuerzas aéreas de EEUU chocaron en el aire durante una maniobra de abastecimiento de combustible y cayeron cuatro bombas con carga nuclear sobre el mar y la tierra de Palomares. Ha pasado ya más de medio siglo del baño que Manuel Fraga Iribarne se dio en la playa de esa pedanía almeriense para intentar demostrar al mundo que todo estaba limpio, que si él, un ministro del generalísimo Francisco Franco, se daba un chapuzón, allí no había ningún peligro para la salud. Han transcurrido más de cinco décadas desde entonces y en ese pueblo permanecen valladas cuatro parcelas con una superficie de 40 hectáreas contaminadas en su mayoría con plutonio, procedente de aquellas bombas, símbolo de un desastre que aún no se ha logrado borrar.
Es en esos terrenos donde pretende intervenir la Asociación por Palomares Flecha Verde, una organización de reciente creación harta de que pasen los años, las décadas, y nadie haya acabado con la contaminación causada por uno de los mayores accidentes nucleares del mundo. Un estudio del Gobierno español, realizado en 2008, halló medio kilo de plutonio en 50.000 metros cúbicos de tierra. Y ahora una plantación de cannabis sativa podría acabar con todo ese veneno. Al menos eso es lo que pretenden los promotores de un proyecto piloto que, en un principio, se llevaría a cabo en una hectárea de terreno para comprobar sus resultados y la viabilidad para una posterior ampliación.
El proyecto, según el presidente de la asociación, Indalecio Modesto, se basa en el sistema de fitorremediación, que consiste en la utilización de vegetales para la descontaminación de suelos o la depuración de aguas mediante la absorción de los metales pesados o plaguicidas. Concretamente, las plantas absorben la sustancia contaminante para metabolizarla, reduciendo en gran medida o incluso evitando su liberación a otras zonas, a través de su degradación, en el caso de los compuestos orgánicos, y su estabilización o extracción, en el caso de los inorgánicos. Y la planta de la que se extrae la materia prima para el cáñamo industrial, cannabis sativa, ya ha sido utilizada con éxito como medio de fitorremediación en otras zonas contaminadas: en la región de Apulia en el sur de Italia, donde un centenar de agricultores y ganadores recurrieron a ella para reducir la polución causada por una de las mayores factorías de acero de Europa; y en Chernóbil, donde se plantaron hectáreas de girasol y cáñamo para aminorar los devastadores efectos del accidente de la central nuclear. Y en Japón, optaron por el maíz para absorber los metales pesados del reactor de Fukushima, porque su legislación le impedía recurrir al uso del cannabis.
Gran poder descontaminante
Mario Land, médico experto en la aplicación del cannabis con fines medicinales, colaborador del proyecto de Flecha Verde, explica que la planta de la que se obtiene el cáñamo para uso industrial, con un ínfimo nivel de THC (componente psicoactivo) tiene un alto poder de absorción de metales pesados a través de sus raíces, capaz de reducir a la nada la contaminación de un terreno en menos de cinco años.
En este caso, según Land, se trataría de medir previamente la radiación de la superficie contaminada con altas dosis de plutonio y americio, y luego observar su evolución y la cantidad de metales pesados absorbida por las plantas para calibrar los resultados del proyecto. Para ello, cuentan ya con la colaboración de científicos de varios departamentos de las universidades de Almería, Granada y Barcelona, que se encargarían del seguimiento y análisis de la experiencia.
En el proyecto participa también Héctor Brotons, uno de los abogados más reputados de España en todo lo relacionado con el cannabis en el ámbito jurídico, quien precisa que, por tratarse del cultivo de la planta para cáñamo industrial, la concesión de los permisos para este programa piloto correspondería al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a lo que habría que añadir la autorización del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) del Ministerio de Ciencia e Innovación, encargado de la custodia de los terrenos contaminados.
Brotons estima que el proyecto, aunque se encuentra aún en una fase incipiente, podría llevarse a cabo en el plazo de dos o tres meses, una vez obtenidos los permisos necesarios y solventada su financiación. Después, una vez que estuviera en marcha, habría que determinar el destino de las plantas utilizadas, en función de los metales pesados que hayan absorbido y de la necesidad de guardarlas o no en depósitos especiales para evitar cualquier contaminación.
«Convivir en un entorno sin riesgos para la salud, libre de contaminación, sin el lastre de la radiactividad, es una cuestión de derechos humanos, del mismo modo que lo es que las personas y poblaciones puedan desarrollarse social y económicamente en función de sus posibilidades y esfuerzo», subraya la asociación Flecha Verde en el enunciado de sus principios fundacionales.
Esta organización, además del cultivo de cannabis con fines descontaminantes, se propone fomentar la educación ambiental y el conocimiento sobre la protección de la naturaleza, mediante la cooperación con organismos del Estado, comunidades autónomas, ayuntamientos y universidades.
El uso de los terrenos contaminados en esta pedanía se encuentra pendiente de una sentencia de la Audiencia Nacional, que debe decidir ahora sobre una demanda de Ecologistas en Acción, organización que denunció que entre 2011 y 2016 el CIEMAT trasladó de forma irregular a ese pueblo almeriense cerca de seis toneladas de material radiactivo que procedía de antiguos muestreos de tierra de Palomares almacenados en unos bidones en una nave junto a la Universidad Complutense.
