A siete años de que Oregón legalizara la marihuana recreativa, el mercado del cannabis está en pleno auge. Pero en lugar de propagar un sector agrícola legal que haga crecer la economía del estado como se esperaba, la industria ha dado un giro oscuro al sur de Oregon. Actualmente está cultivando un ecosistema de crimen organizado internacional, tráfico de personas y degradación ambiental.
A los votantes de Oregon se les dijo que la legalización pondría fin al mercado negro de la marihuana. Gravar el producto legal ayudaría a financiar las escuelas y la policía–las cuales han sufrido una tremenda pérdida de ingresos en el estado desde que las políticas federales ocasionaron una disminución de los ingresos derivados de la madera, dijeron los defensores de la legalización.
Al principio, todo iba bien, estas expectativas se cumplieron según lo prometido.
Para 2020, las ventas legales de marihuana en Oregón superaron los USD 1100 millones al año, contribuyendo USD 150 millones a los ingresos estatales, que financiaron escuelas, programas de tratamiento de salud mental, y drogadicción, y a la Policía Estatal de Oregón.
Los problemas comenzaron cuando las empresas criminales se enteraron de que podían usar una operación de granja de cáñamo legal como cobertura para un cultivo ilegal de marihuana, y que podrían abrumar a las fuerzas del orden, que han sido desfinanciadas durante décadas en pequeñas zonas rurales.
Ahora, la Autoridad de Salud de Oregón informa que casi la mitad de las granjas de cáñamo registradas que se inspeccionaron en Oregón cultivan marihuana ilegalmente. Y otro 25 por ciento de las granjas de cáñamo registradas no permiten la entrada de los inspectores estatales. Los productores pueden simplemente burlarse de las fuerzas del orden sin ninguna consecuencia.
Una vez que los productores se dieron cuenta de eso, la prisa comenzó.
“Los traficantes de drogas se congregaron aquí desde todos los estados de la nación y casi una docena de países”, incluidos China, Rusia, Bulgaria y Argentina, dijo el alguacil del condado de Josephine, Dave Daniel, a The Epoch Times. “Uno de los mejores backs defensivos de la NFL compró una propiedad de 40 acres aquí e inmediatamente puso un cultivo ilegal de marihuana en ella”.
Una operación de cultivo puede generar casi mil millones de dólares cada año, y el alguacil estima que solo en su condado hay cientos de cultivos ilegales.
“Es por eso que los cárteles están aquí”, dijo Daniel. “Algunas personas hacen cualquier cosa por esa cantidad de dinero. Asesinato. Violación. Traficar seres humanos”.
La representante estatal republicana de Oregón, Lily Morgan, está de acuerdo.
“Estimamos que alrededor de 10,000 trabajadores inmigrantes han sido traídos al condado en autobús y camión”, explicó Morgan en una entrevista. “Un día están en el sur de California sosteniendo un cartel en busca de trabajo y al día siguiente los dejan en Oregon sin identificación ni dinero y no hablan inglés”.
Daniel luego los ve en condiciones miserables.
“Cumplimos con una orden de registro y encontramos a casi 300 trabajadores inmigrantes”, dijo. Estaban encerrados en un granero, “los alimentaban dos veces al día, y no tenían agua corriente ni otras instalaciones”.
Los inmigrantes rechazaron las ofertas de ayuda de las fuerzas del orden.
“Estas personas son narcoesclavos”, explicó. “Tienen miedo de que los cárteles los maten a ellos o a sus familias en casa, así que no hablan”.
Cuando terminan un cultivo, a menudo los abandonan.
Aunque la esclavitud es el problema más impactante, el impacto en el medio ambiente y la habitabilidad también es grave.
“Los cultivadores ilegales roban cantidades masivas de agua y están agotando nuestras capas freáticas”, explicó Morgan.
Un elector le dijo a Morgan que el nivel del agua de su pozo había sido de 35 pies de profundidad durante los últimos 25 años. Un vecino inició una operación de cultivo y su agua cayó a 75 pies.
“También usan nebulizadores de pesticidas para matar insectos y contaminan el acuífero”, continuó Morgan. “Los cultivadores legales, vecinos y otras granjas se ven afectados” y los trabajadores están expuestos a altos niveles de toxinas.
Los precios de las propiedades se han disparado.
“Una propiedad sale al mercado y se vende inmediatamente, a veces al doble del precio de venta en efectivo”, dijo Morgan. “Los residentes no pueden permitirse comprar”.
Y muchos viven con miedo.
“Las personas que vivían en una tranquila propiedad rural de repente se encuentran rodeadas por todos lados por nuevos propietarios que realizan operaciones industriales las 24 horas del día, los siete días de la semana”, explicó. “Conducen camiones dentro y fuera y hacen funcionar generadores las 24 horas del día. Disparan armas a todas horas. Tocan música a todo volumen toda la noche”.
Después de quejarse, un residente descubrió un carro lleno de guatemaltecos estacionados al final de su camino de entrada para enviar un mensaje, dijo Morgan.
“Aquellos que han hablado antes ahora sienten que necesitan cuidar sus espaldas”, agregó.
Aunque su condado ahora se está asociando con el FBI, el DHS y otras organizaciones policiales, el alguacil Daniel dijo que su personal está abrumado por lo que él lo califica como un problema de seguridad nacional.
“Necesitamos que el IRS, la DEA y el DHS se involucren a lo grande, y necesitamos que los casos sean procesados”, dijo. “Necesitamos una investigación absoluta”.
El tema finalmente se convirtió en foco nacional el mes pasado durante una audiencia de supervisión del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, cuando el congresista republicano Cliff Bentz pidió al fiscal general de los Estados Unidos, Merrick Garland, que priorizara y dirigiera más recursos federales a las fuerzas del orden locales en lugares como el sur de Oregon.
“El Departamento de Justicia debe hacer más sobre este tema en todos los niveles”, comentó Bentz durante la audiencia. “Oregon, y posiblemente otros estados, están atrapados en el cultivo y la producción ilegal de marihuana y cannabis a escala industrial. Esta industria se basa en gran parte en el sufrimiento miserable de miles, si no decenas de miles, de personas que cruzan la frontera ilegalmente y luego son presionadas por los cárteles para que se conviertan en esclavos”.
Para el sheriff Daniel, la ayuda no puede llegar lo suficientemente pronto.
“Ya ni siquiera estamos flotando en el agua”, dijo. “Nos estamos hundiendo”.
