Después de una caída durante el pico de la pandemia en 2020, los agentes de la ley federal y sus asociados arrestaron a un 25% más de personas por delitos relacionados con el cannabis en 2021, durante el primer año de la Administración Biden.
Pero aunque hubiera sido normal esperar un repunte de las detenciones tras la pandemia, fue mucho más de lo esperado, ya que este aumento es el mayor salto en las detenciones por cannabis en una década. La organización de reforma del cannabis más antigua del país, NORML, señaló que los 6,606 arrestos relacionados con la marihuana en 2021 representaban la mayor cantidad de arrestos registrada desde 2011, cuando se registraron los 8,500 detenidos.
Esto se produce después de que Joe Biden prometiera en febrero de 2021 que trabajaría por la despenalización y la eliminación masiva de antecedentes penales por cannabis. Un mes después de esa promesa, se corrió la voz de que algunos miembros del personal podrían haber sido un poco demasiado honestos con Joe sobre su consumo de marihuana en el pasado, y se pidió la renuncia de docenas de jóvenes empleados de la Casa Blanca. Así que las esperanzas de los reformistas de la política del cannabis se aplastaron rápidamente, pero las nuevas cifras de arrestos en aumento son ciertamente sal en la herida.
Así mismo, durante 2021 se produjo un aumento similar en la cantidad de plantas decomisadas por las agencias federales, a través del programa de erradicación nacional. Se destruyeron 5.53 millones de plantas de cannabis, lo que representaron un 20% más de plantas que el año anterior.
California fue el estado en el que más se aplicó la ley, como es habitual. El 86% de las incautaciones de plantas y el 60% de las detenciones realizadas por las autoridades federales tuvieron lugar en el Estado Dorado.
NORML calificó de preocupante el gran salto en ambas categorías.
«En un momento en que la abrumadora mayoría de los votantes apoyan la legalización, y en el que cada vez más estados -e incluso miembros del Congreso- están avanzando en esta dirección, es preocupante ver que los agentes federales y sus socios locales dan marcha atrás y refuerzan sus actividades de aplicación de la ley relacionadas con la marihuana», dijo el subdirector de NORML, Paul Armentano.
Otro tema tratado por la organización es la cifra que el aumento de la aplicación de la ley está costando a los estadounidenses, cuando muchos están sufriendo el mayor aumento de la inflación en décadas y se preguntan cómo podrán pagar el combustible. Casualmente, el estado en el que más se ha aplicado la ley es también el que tiene los precios de la gasolina más altos del país.
«El hecho de que estos esfuerzos de interdicción estén creciendo -con un gran coste para el contribuyente- a pesar del creciente impulso a la legalización es un testimonio del fracaso de la prohibición federal y de las políticas reguladoras estatales innecesariamente gravosas», dijo el director político de NORML, Morgan Fox.
Fox también señaló que si existiera un campo de juego justo para que los operadores trabajen, las personas a las que les está sucediendo esta aplicación podrían haber dado ya el salto al mercado regulado.
«La falta de acceso a los servicios bancarios y al capital, las elevadas barreras de entrada a los mercados legales de cannabis y los exorbitantes tipos impositivos en todos los niveles de gobierno están obstaculizando claramente la capacidad de los negocios de cannabis con licencia para competir con el mercado no regulado», dijo Fox. «Las soluciones a esta situación son más que obvias en este momento, y no implican que los agentes de la ley se pongan en riesgo bajando de helicópteros o realizando redadas armadas».
Fox quiere que el Congreso aplique políticas basadas en pruebas, orientadas al mercado y centradas en la justicia. Cree que éste es el verdadero movimiento político, si los funcionarios quieren hacer mella en el siempre floreciente mercado clandestino, ahora más grande que nunca en ambos lados del país.
Con información de LA Weekly