El consumo y el tráfico de drogas ha ido en aumento en Cuba desde hace dos décadas. Desafortunadamente las “leyes revolucionarias” de dicho país no solo castigan a los involucrados en el tráfico de drogas, también se castiga a familias inocentes por crímenes que no cometieron.
En Cuba, durante los últimos años, se han llevado a cabo varias redadas por drogas. Una de las más grandes ocurrió en el año 2003, en la que fueron encarcelados y sancionados 75 personas, a las cuales se les impusieron penas llegaban hasta los 28 años de cárcel.
El consumo de drogas ha ido en aumento en el país desde hace dos décadas, al igual que el tráfico. Lo más preocupante es que jóvenes con apenas 15 años consumen drogas, incluso dentro de las escuelas.
En cualquier barrio de la capital, existe el consumo de marihuana entre jóvenes, pero aquellos lugares donde el nivel de vida es superior es mucho más notable esta situación. Otros con menor nivel adquisitivo se hacen adictos a la “piedra”, también conocido como crack, creada a partir de la combinación de clorhidrato de cocaína y bicarbonato sódico, y se vende en pequeñas porciones al precio de unos 10 CUC (10 dólares).
En el 2018 se anunció que la Aduana General de la República detuvo a 94 personas implicadas en intentos de introducción de drogas en el país. Se capturaron 81 Kg de narcóticos, entre ellos: marihuana, hachís, crack, cocaína y cannabinoides sintéticos. No obstante, la cifra oficial de ocupación fue de 2438 kg, la mayor parte por el canal marítimo, en forma de regalos.
El Ministerio del Interior tuvo acciones de enfrentamiento para neutralizar el consumo y la comercialización de drogas y medicamentos similares y se incautaron 83 kg de narcóticos superior a 2017 en el que se decomisaron 18 kg.
Hace algunos semanas el Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, chequeó el Programa de Prevención, Asistencia y Trabajo Social, como siempre, acompañado de funcionarios involucrados en el tema, en el que abordó la necesidad de formar actitudes de rechazo a este fenómeno, del que no escapan algunas escuelas cubanas (secundarias y de preuniversitario).
El Presidente pidió tomar experiencias sobre el trabajo social, retomar aquellas medidas implementadas por Fidel Castro y actualizarlas.
En estos días se ha visto algún movimiento con respecto al consumo y tráfico de drogas. Conociendo como actúa la dictadura, se podría afirmar que existe algún foco que están tratando de eliminar y por eso han dado a conocer los detalles en esta reunión.
No obstante, habría que recordar que el Decreto Ley 232 de 21 de enero de 2003 sobre “confiscación por hechos relacionados con las drogas, actos de corrupción o con otros comportamientos ilícitos”, firmado por el difunto Fidel Castro, ha sido aplicado en numerosas ocasiones, despojando a familias completas de su vivienda.
Ese es el caso que atañe a los residentes de la calle 19 No.3821 apto. 3, entre 74 y 76, en el municipio Playa de esta capital, cuyo caso ya ha trascendido en las redes. Un joven integrante del núcleo fue sancionado a seis años de privación de libertad por tráfico de drogas. Después de haber cumplido tres años preso, le aplican este Decreto Ley a la familia. Ellos han vivido en el apartamento que les van a decomisar toda la vida. La hermana nombrada Gisel Morales Ortiz, de 37 años de edad, nació ahí y tiene dos hijos, una niña de ocho años y un bebé de tres meses.
Según la mujer, les fueron encontrados a su hermano tres paquetes con droga dentro de la casa, con los que ellos no tuvieron nada que ver. No obstante, todos los miembros de la familia fueron desalojados y reubicados en un albergue de tránsito del Estado, sin ningunas condiciones de vida, tanto para los mayores como para los dos niños.
Entre las Disposiciones Finales del Decreto Ley 232, está la Segunda que plantea: “A los bienes que resulten confiscados se les dará el destino más útil desde el punto de vista económico-social en el más breve plazo.”
Conociendo como actúan los dirigentes de la dictadura a los que se les ha concedido la oportunidad de manejar recursos, es de pensar que, en un corto tiempo, el apartamento esté en manos de un familiar, de un amigo o de cualquier persona que haya pagado para tenerlo.
Las “leyes” revolucionarias hacen que personas inocentes tengan que pagar por un delito que no cometieron, incluso se vieron arrastrados a esta situación dos menores de edad que desarrollarán su infancia en un lugar desagradable e insalubre. Esta es la justicia social de la que habla la dictadura.
Cada vez que hay un tema que los miembros del régimen sacan a la luz, se puede asegurar que hay problemas alrededor, porque tratan de ocultarlo todo y solo cuando las situaciones se hacen difíciles es que manipulan las informaciones y comienzan a referirse a los hechos. Es una práctica que ha durado 60 años y que como bien dice el “Presidente”, es continuidad.
