Luis Quintana Alvarez, de 19 años de edad, con sede en Des Moines, Iowa enfrenta una deportación derivada de cargos por portación de un solo gramo de cannabis. Alvarez, que fue traído a los Estados Unidos como un bebé de 11 meses de edad, era beneficiario del programa DACA (acción diferida para los llegados en la infancia).
El pasado 5 de septiembre, el Procurador General de los Estado Unidos Jeff Sessions, anunció la intención de la administración Trump de erradicar el programa DACA. El estado de California demandó a la administración Trump el 11 de septiembre por su decisión de poner fin al programa DACA, una decisión que pone a 222.795 californianos en peligro. Cerca de 790,000 jóvenes inmigrantes han recibido permisos de trabajo bajo el programa, según los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos. Los abogados generales de Maryland, Maine y Minnesota también presentaron demandas.
Si Quintana fuera deportado, «Mi mundo acabaría», le dijo a USA Today desde su celda de la cárcel. «. . . Me sentiría como un extranjero porque he estado aquí en América toda mi vida. Yo prometí lealtad desde el jardín de infantes hasta el grado 12. «Según el abogado de Quintana, Ta-Yu Yang, Quintana tomó la culpa de la pequeña cantidad de cannabis porque su primo, un ciudadano, pudo haber sido expulsado de la universidad.
Según la Ley de Inmigración y Naturalización, las personas no son elegibles para participar en el programa DACA si son condenadas por un delito grave o un delito menor, sin embargo, Yang argumentó que la legislación excluye los cargos menores de posesión que involucran 30 gramos de cannabis o menos.
Pero el juez rechazó la apelación de Yang, así como la oportunidad de solicitar el asilo. Algunos receptores de la DACA, como Constantino Morales, han sido asesinados por miembros del cartel después de ser deportados a México.
Deportando a Quintana, dice su madre, lo volverá a poner en manos de su supuestamente sexual y físicamente abusivo padre en México, a quien Quintana no ha visto desde que tenía tres años. En los Estados Unidos hay 11 millones de inmigrantes indocumentados, pero una carga menor de cannabis no debe ser el factor determinante de si pueden quedarse. Yang planea volver a apelar a la Junta de Apelaciones de Inmigración.
