LOS ÁNGELES, California.- La inocente queja de un vecino por un “abrumador” olor a marihuana que provenía de una casa cercana a la suya llevó a las autoridades federales a descubrir una red de narcos chinos que compraron ocho viviendas en el sur de California solo para sembrar ilegalmente la hierba.
El operativo concluyó con el arresto de tres sospechosos: Aaron Li, de 37 años; Ben Chen, de 42; y Jimmy Yu, de 44. Se cree que el trío participó en un plan que usó más de 5 millones de dólares que recibieron de China para cultivar miles de plantas de cannabis en casas en barrios de clase media. Se trata de una práctica común del crimen organizado chino.
Al catear siete propiedades en las ciudades de Chino, Ontario y Chino Hills, agentes federales y locales confiscaron unas 1,650 plantas de marihuana y al menos 80,000 dólares en efectivo. En una operación relacionada en junio, se incautaron 1,038 plantas de la hierba en una octava casa en Chino Hills.
El resultado de esta investigación que duró 14 meses sorprende porque ocurre en un estado donde es legal consumir marihuana por gusto desde el 1 de enero de 2018. La iniciativa prometía darle un golpe duro al crimen organizado, pero eso todavía no ha ocurrido, de acuerdo con las autoridades.
“En los estados que han despenalizado la marihuana hemos visto una afluencia de dinero extranjero que se utiliza para establecer operaciones de cultivo y gran parte de la marihuana se destina a consumidores de fuera del estado”, explicó el fiscal federal Nick Hanna refiriéndose al caso más reciente.
California es, de hecho, el principal proveedor de marihuana ilegal en EEUU y exporta más a otros estados que México, advirtió hace unos meses Bill Ruzzamenti, director del programa local High Intensity Drug Trafficking Areas (HIDTA).
Por eso, mientras la mafia china sigue cultivando la hierba en casas que compra y alquila a lo largo del estado, los operadores de los carteles mexicanos no han dejado de sembrarla en las reservas forestales. Aunque pocos cultivadores delatan a sus jefes, quienes lo han hecho apuntan a las dos organizaciones criminales más grandes de México: el cartel de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Se han apropiado de estas áreas protegidas porque son vastas, fértiles y poco vigiladas; además, les ahorra el riesgoso cruce de la hierba a través de una frontera cada vez más protegida.
Los bosques de los carteles
La llamada operación ‘Vigilante Forestal’, que se realizó entre el 1 de octubre de 2017 y el 30 de septiembre de 2018, cerró con cifras que alarmaron al gobierno.
Un equipo especial arrestó en ese período a más de 77 personas y decomisó 82 armas de fuego, unas 638,370 plantas, 25,334 libras de marihuana procesada y varias drogas.
Además, se iniciaron más de 80 investigaciones y se descubrieron más de 160 sitios de cultivo ilegal en bosques federales. Desde 2010, han destruido unos 766 sembradíos a los carteles mexicanos.
A lo largo del año anterior a la despenalización de la marihuana, alrededor de 1.4 millones de plantas de cannabis fueron incautadas en bosques nacionales en California, la mayor cantidad decomisada en todo el país en esos territorios, según cifras oficiales.
“Mientras que pocos sospechosos hablan con la Policía, algunos lo hacen y afirman estar afiliados con los carteles de la droga mexicanos, generalmente nombran al cartel de Sinaloa”, indicó Ruzzamenti, al anunciarse en mayo que múltiples agencias del orden unían fuerzas para erradicar dicha práctica.
“En 2017, una investigación de cultivo de marihuana en áreas protegidas en el condado de Siskiyou arrojó indicios de la participación del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG)”, detalló el funcionario.
En medio de la disputa entre la actual administración federal y políticos de California, el Departamento de Justicia (DOJ) consiguió que el Congreso otorgara un presupuesto de 2.5 millones de dólares para seguir eliminando los sembradíos de los narcotraficantes. Por su parte, la Guardia Nacional del estado asignó el año pasado a 70 miembros más para unirse a esa tarea.
“El crecimiento ilegal del cannabis es innegablemente una amenaza importante para la seguridad pública”, expresó en mayo el fiscal general del estado Xavier Becerra. “También está matando a nuestra vida silvestre, contaminando nuestras aguas y destruyendo nuestras tierras públicas”, agregó.
Traficando en otros estados
Un informe que el Centro de Inteligencia de El Paso, en Texas, elaboró con datos de la Administración para el Control de las Drogas (DEA), alertaba a finales de 2017 sobre lo que finalmente pasó: que el consumo legal de la marihuana no reduciría las actividades de los sembradores ilegales.
Su advertencia era que las organizaciones criminales han estado cultivando grandes cantidades de cannabis en los estados que ya legalizaron su venta: Nevada, Oregón, Washington y Colorado.
Su plan es enviar los cargamentos a lugares donde aún está vigente la prohibición del gobierno federal o que la permiten bajo ciertas limitantes, como el uso con fines medicinales.
Por otro lado, los traficantes distribuyen sus cargamentos en ciudades con “mercado abierto” a precios más bajos para socavar los márgenes de ganancia de la hierba cultivada legalmente, venderla a menores de edad que tienen prohibido fumarla y para evadir el pago de impuestos.
Este caso lo confirma: las autoridades de Colorado, donde los votantes regularon la marihuana en 2012, desarticularon en junio de 2017 una red de 74 personas que produjeron unas 100 libras de cannabis por mes y las enviaban a otros estados.
Se cree que generaron un ingreso de 200,000 dólares mensuales durante más de cuatro años. La Policía de Denver le incautó a esta banda varias toneladas que ocultaban en 33 casas y 18 bodegas.
Sembradores tras las rejas
Varios cultivadores de marihuana que trabajaban para carteles mexicanos han sido llevados ante la justicia durante los últimos meses. Uno de ellos tenía un arma en su campamento clandestino, algo que sucede con frecuencia. Al interrogarlos, estos dicen que así se protegen de enemigos y animales.
Uno de los enjuiciados es Felipe Ángeles Valdez Colima, de 35 años y originario de México, quien se declaró culpable el pasado 28 de enero de conspirar para fabricar y distribuir marihuana.
Este hombre y sus cómplices, Mauricio Vaca y Rodolfo Torres, ambos mexicanos, fueron detenidos luego que las autoridades los vigilaron durante dos meses mientras operaban un campamento clandestino para cultivar y procesar cannabis en el área silvestre de Kiavah del Bosque Nacional Sequoia.
Se cree que usaron esa zona remota durante mucho tiempo. Ahí tenían más de 1,800 plantas que cultivaron usando pesticidas dañinos e ilegales, incluyendo carbofuran y fosfuro de zinc. Al revisar su auto, la Policía encontró marihuana recién cosechada.
Valdez Colima enfrenta una sentencia de entre 10 años de prisión y cadena perpetua.
A finales de octubre de 2018, Alan Fernando Gómez Paniagua, un mexicano de 26 años, se declaró culpable del mismo delito. Él fue arrestado tratando de huir de los agentes que investigaban un enorme cultivo de marihuana en el área de McFarland Creek en el Bosque Nacional Sequoia.
En ese lugar encontraron 15,852 plantas de marihuana y una escopeta cargada. Este hombre también podría pasar el resto de su vida tras las rejas.
